Donde dije nunca, digo ahora.

Acercar la economía al pleno empleo, crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo, reducir la tasa de paro  al 7%, disminuir los trabajos temporales al 25%, incrementar el salario mínimo a 800 €, modernizar la economía española, mejorando la productividad e incorporando 50 mil nuevos investigadores, estas entre otras son propuestas del programa electoral del PSOE en 2008.

Tres años después, el incumplimiento de estas propuestas, combinado con otros factores de malestar social, llevó a cientos de miles de personas a salir a la calle al grito de «No nos representan».

A día de hoy, después de unas elecciones autonómicas y otras generales, seguimos asistiendo a la falta de responsabilidad por parte de la clase política.

La subida del IRPF tras haber prometido lo contrario en campaña, incluso en el debate de investidura, o las declaraciones del ministro de economía  José Luis de Guindos afirmando que ‘Si no hubiéramos aprobado estas medidas nos las habrían impuesto otros’, son una clara muestra de que a quien realmente representa la clase política es a esos otros.

Si durante el gobierno de Zapetero era la ONU quien afirmaba que los planes de ajuste nos conducían a la recesión hoy es el FMI quien alerta de lo mismo, demostrando que los recortes no responden a una necesidad para salir de la crisis económica, sino a las exigencias de los mercados y BCE que buscan poner los intereses de la gran banca por delante de los de la mayoría de las personas.

Por todo esto desde la Comisión de Política, Economía y Empleo de la Asamblea Popular de Alcorcón exigimos que los programas electorales sean vinculantes y responsabilidad penal para aquellos políticos que incumplan las promesas realizadas en campaña, como medida democrática básica y denunciamos la medida anunciada por el actual gobierno como un engaño. Establecer penas para los políticos que incumplan los objetivos de déficit exigidos por Europa, no supone otra cosa que profundizar el grado de control de los mercados sobre los gobiernos.

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