Un engaño legal

En los últimos años nos hemos habituado a que se produzca una cantidad escandalosa de desahucios ejecutados por impago de hipotecas y alquileres. Pero otros aspectos hasta ahora poco conocidos, pueden ser el comienzo de algo más escandaloso e injusto si cabe: Los desahucios de personas que han pagado puntualmente y que además viven en casas de protección oficial.

Uno de los primeros casos es el de Áurea , vecina del municipio de Alcorcón. Áurea accedió a un piso del IVIMA  con un contrato de alquiler con opción a compra expresado de forma verbal. Al terminar el periodo de los primeros 10 años de alquiler (de 30 años que tenía contratados), le indicaron que debía acceder a un nuevo contrato, en el cual se le cambiaban las condiciones de forma unilateral por parte de Lazora.

Por este motivo, empezamos a supervisar la documentación que obraba en su poder y descubrimos el engaño: a muchas de las personas que les dijeron a viva voz el detalle de Alquiler con derecho a compra, se les presentaron contratos en los cuales sólo se les reconocía derecho de tanteo en caso de venderse y renunciar a sus derechos de la Comunidad de Madrid.

El inmueble, que de manera progresiva comenzó a ser gestionado por empresas privadas, ha sido víctima de cambios en las directrices de gestión, puesto que se ha revisado su forma de contratación. Ahora, el nuevo contratante establece en ella la opción de desalojo si el inquilino no acepta las condiciones abusivas correspondientes a propuestas de contratos leoninos, en los cuales se anulan los pocos derechos que ya de por sí había en los originales.

Estas nuevas gestoras, que obtuvieron sus derechos pagando importantes sumas de dinero a la administración pública, ejercen a día de hoy su posición dominante en relación con los inquilinos, tratando de someterles a políticas determinadas por los mercados, así como a nuevos esquemas de rentabilidad. En ningún caso se respetan los intereses de éstos, ni las intenciones originales que tenían cuando decidieron involucrarse en la aventura legal de vivir en esos inmuebles. El objetivo final de estas gestoras, es la búsqueda constante de amortizaciones de la inversión que realizaron en su momento, cuando la gestión de estas viviendas de protección oficial paso a privatizarse y se modificó la naturaleza social de esos contratos, sustituyéndola por contratos que sólo buscan el beneficio mercantil.

El inmueble de la calle Estocolmo fue construido por Metrovacesa, empresa que actualmente pertenece a  varios bancos y empresarios como Florentino Peréz. Transcurrido un tiempo, traspasó la gestión de la empresa constructora a una empresa filial de servicios, que cambió las condiciones del contrato de manera unilateral, reduciendo el periodo de alquiler de 30 a 10 años.

Finalmente traspasaron la gestión a otra empresa llamada Lazora  por un precio sustancial. Esta empresa pretende establecer una prórroga en los contratos, haciendo que desaparezcan de los mismos algunas cláusulas y derechos que adquirieron en su momento los inquilinos, quedando sólo las condiciones de alquiler modificadas, incluyendo subidas de precios y otras modificaciones que no recogen aquello que se les dijo a los inquilinos en su día. En el momento de la adquisición de aquellos pisos, la fórmula establecida era alquiler con derecho a compra, un engaño muy extendido en aquellas contrataciones. Sin embargo, en realidad Lazora no reconoce esos derechos a los inquilinos e impone ferozmente sus nuevas condiciones, llegando incluyo a presionarles con la opción de desahucio.

Ante esto Áurea decide acudir a la justicia pidiendo un abogado de oficio, que el Estado de forma irregular le niega (según declaraciones de la afectada) por el alto coste del proceso judicial que la situación requiere. Ante la negativa de Áurea a firmar la perdida de algunos de sus derechos, Lazora decide interponer una demanda de desahucio por finalización de contrato, exigiendo el abandono de la vivienda ( que sepamos ya han interpuesto dos). De esta forma consiguen que el único juicio que se celebre sea el del desahucio de Áurea, en el cual curiosamente a la empresa Lazora la representa un abogado que viene de parte de Metrovacesa.

Áurea firmó un contrato de alquiler por 30 años con opción a compra según lo que le habían dicho, no siendo así el modelo que le presentaron a la firma. Ahora sin haber dejado de pagar un sólo mes, vencido el periodo de 10 años modificado unilateralmente por la filial de Metrovacesa, la justicia se ha pronunciado a favor del desahucio.

El de Áurea es uno de los primeros casos qué conocemos, pero existen otros idénticos. Lo que desconocemos es la cifra exacta de personas que se verán afectadas por esta nueva injusticia social. Hay un dato importante a tener en cuenta, Lazora ya ha comprado 7000 viviendas de protección oficial en España y al menos en los casos que conocemos, lo primero que hace es cambiar el contrato de reinserción por uno de explotación.

El derecho de tanteo es un derecho básico que pertenece a los contratos de alquiler. El engaño se pudo ver en la publicidad que aparecía en los inmuebles. Frases como “alquiler con derecho a compra”, son reclamos publicitarios de aquellos alquileres que legalmente nunca reflejaron esa intención en los contratos que presentaban a los inquilinos. Como en otras ocasiones, se aprovecharon del desconocimiento de éstos para tenerles en esas condiciones el tiempo que quisieran, apareciendo posteriormente como una inversión en la cual de una vivienda social se pasa a un negocio que busca desahuciar al inquilino, sustituyéndolo en el futuro por otro que dé más beneficios económicos. No permitamos que los mercados coaccionen nuestros derechos fundamentales, que los engaños se prolonguen en el tiempo, y que estas personas se vean en la calle porque el estado y el sistema no supo asesorar  y sólo busco aprovecharse de ellas.

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